La guerra en el gobierno federal por el glifosato

Diversos actores se unen ante el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 contra el agroquímico, probablemente carcinógeno



Un lobby conformado por decenas de altos funcionarios, empresarios, asociaciones, legisladores, diplomáticos y entidades internacionales se ha unido ante el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que busca prohibir el maíz transgénico y el glifosato -un agroquímico que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos-, según una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.


Este lobby defiende los intereses de las corporaciones del agronegocio, cuyo mercado de importaciones ascendió a mil 667 millones de dólares en la última década. Este ha aumentado año tras año y en 2020 se importó más del doble del valor adquirido en 2010. Lo inédito del decreto y sus promotores del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac) -integrado por secretarías y dependencias, consejos, organismos y asociaciones- fue que por primera vez se desafió a las empresas transnacionales y mexicanas de la industria química de los plaguicidas, así como a funcionarios que han defendido los intereses de las compañías que se benefician de un modelo de desarrollo en el campo industrializado, a base de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos tóxicos.



Esta alianza a favor del glifosato ha actuado como un lobby al menos desde 2004, donde las trayectorias de diversos actores públicos o privados han coincidido con las agendas de promoción de los transgénicos y plaguicidas tóxicos como el glifosato, impulsadas en México por corporaciones transnacionales como Monsanto (comprada por Bayer en 2018), que pertenecen a la red de transnacionales agrupadas en CropLife International y sus divisiones regionales.


De acuerdo con una revisión de más de 600 documentos, una veintena de solicitudes de información, audios, conversaciones y un análisis de 230 eventos, así como testimonios de altos funcionarios, exfuncionarios y expertos, se reveló que este lobby o grupo de cabildeo está formado por 41 aliados, de los que destacan el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos; Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, así como asociaciones, cámaras empresariales y empresas agroquímicas, algunas enlazadas a entidades internacionales.


Algunos están vinculados a nivel nacional a la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C., (UMFFAC) y al Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En tanto, en la esfera internacional, se encuentran corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta o BASF, entre otras, que en México pertenecen a la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), también vinculada al CNA, a su vez dentro de Croplife Latin America.


A favor de la agenda nociva

El CNA opera junto a dos de sus asociados y aliados de batalla: la UMFFAAC -conformada por 28 asociaciones productoras de agroquímicos- y Proccyt, una de las 26 asociaciones vinculadas a CropLife Latin America que actúan en pro de la agenda de transgénicos y plaguicidas. De acuerdo con un registro elaborado por Ethos y fuentes consultadas, la industria ha interpuesto 23 juicios de amparo, principalmente por parte de Monsanto, el CNA, asociaciones aliadas de UMFFAAC y Proccyt, y también la industria porcícola.

Por su parte, CropLife Latin America trabaja con una red de 26 asociaciones en la región, entre ellas el CNA y Proccyt. Estas no actúan gratis. Cada año cobran a sus decenas de agremiados (como Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, entre otras) sus servicios de aplicación de programas específicos.

De 2015 a 2019 recibieron al menos 92 millones de dólares para operar, de acuerdo con información del fisco estadounidense analizada por Ethos.

Se defienden

Al consultar a la empresa Bayer sobre esta investigación, su directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad en México, Laura Tamayo, respondió en un cuestionario que “prohibir el glifosato implica privar a los productores agrícolas de la posibilidad de contar con herramientas seguras y eficientes para la producción de alimentos sanos”.


Tanto el decreto, como diversas acciones y decisiones de algunos funcionarios del gobierno “están basadas en falsas premisas o prejuicios, así como una reiterada referencia a supuestas evidencias cietíficas que no lo son, o son tergiversadas”, explicaron desde Proccyt. Por su parte, el director General del CNA, Luis Fernando Haro, destacó que la defensa del glifosato “es coherente” con el mandato del consejo.


“Recordemos que previo al decreto que se menciona (…) lo que había era una prohibición de importación del glifosato sin sustento legal, pues el producto se encontraba debidamente registrado. El asunto podía ser una restricción al comercio, afectando acuerdos como el NAFTA y el T-MEC que estaba por entrar en vigencia”, señaló la responsable de prensa de CropLife Latin America, Mónica Velásquez.


Toledo contra Scherer-Romo-Villalobos

En esta batalla, uno de los grandes saldos que pagó el Gisamac y las voces proagroecología fue que el 31 de agosto de 2020, Víctor Toledo dejó su cargo como secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante el periodo de vaivenes entre varias versiones del decreto, nadie podía explicarse por qué la Consejería Jurídica apoyaba al lobby. Una posible respuesta podría ser el vínculo familiar entre Scherer y Villalobos tras el matrimonio de sus hijos Julio Scherer Pareyón y Jimena Villalobos, en 2016. La declaración de intereses de 2018 de Villalobos sí aclara un posible conflicto de interés. Scherer no reporta nada.


Se reunieron en cinco ocasiones, entre el 21 de marzo de 2019 y el 16 de marzo de 2021, según una solicitud de información. No se aclaró el motivo. El día posterior al madruguete se filtró un audio de una reunión privada en la que Toledo acusó a Romo y a Villalobos: “No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo”, expresó.


Que Toledo haya mencionado a ambos personajes no es ninguna casualidad, Villalobos y Romo son promotores activos de las semillas genéticamente modificadas y de los agroquímicos. En su primer año como jefe de gabinete, Romo le dio prioridad a la agenda agroindustrial. De acuerdo con una solicitud de información, Romo se reunió con su asesor Juan Manuel Madero (exejecutivo en Monsanto) en Palacio Nacional en tres ocasiones para tratar agendas de la agroindustria. También se encontró tres veces con el secretario Villalobos y unas nueve con el CNA.


Sin embargo, la Oficina de Presidencia y Sader no recibieron ni una sola vez a la coordinación de asesores de Gisamac. De hecho, la agenda de reuniones de Villalobos Arámbula durante el periodo diciembre de 2018 a junio de 2021, obtenida vía transparencia, revela que de las 300 reuniones llevadas a cabo con la iniciativa privada, sólo cuatro fueron para tratar proyectos agroecológicos.



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