En Aguascalientes hay al menos 3 a la semana


Delitos sexuales, un tabú

 

VIOLACIONES

+ Muchos niños son victimizados por sus propios familiares y en la mayoría de las ocasiones no hay denuncias por vergüenza

+ La pobreza moral, espiritual y la económica influyen determinantemente en ataques que podríamos describirlos como auténticamente bestiales

+ En todo el país, según informes, sólo se denuncian 6 de cada 100 ataques se denuncian y si acaso hay buenos resultados apenas 3 se resuelven

Aguascalientes, como el resto del país, no escapa a un delito que con tan solo nombrarlo pareciera un verdadero tabú: los abusos sexuales. Según fuentes médicas y otras ligadas a la Fiscalía localmente al menos se reciben tres denuncias semanales por violaciones, estupro o diferentes clases de abusos sexuales, sin embargo la realidad es mucho más grande ya que en la mayoría de las ocasiones este es un delito que, por vergüenza, casi no se denuncia y menos si ocurre en el interior de las familias. Por lo tanto en nuestra Entidad y no se diga en nuestra ciudad son un verdadero misterio la cifra de violaciones sexuales que derivan en embarazos y es que las estadísticas oficiales no se ocupan de este tema que definitivamente, según los expertos, no se origina por el hacinamiento en las viviendas, sino por que en muchas colonias populares existe una gran pobreza moral y espiritual entre las familias. El doctor Héctor Grijalva Tamayo y la diputada Elsa Amabel Landín Olivares han dicho a FUERZA AGUASCALIENTES que conocen de violaciones verdaderamente aberrantes, de niñas o niños de apenas uno o dos años de edad y lo peor, han sido víctimados por sus propios familiares, llámese padrastros, tíos y hasta hermanos.

Al conocer esto uno no puede más que calificarlo como un acto de verdadera bestialidad humana, sin embargo tanto Grijalva Tamayo y Landín Olivares nos ha dicho que eso es algo mucho más complejo que debería ser estudiado muy a fondo por psiquiatras y psicólogos pues no es más que el reflejo de la terrible pobreza social y material que priva entre miles de cientos de familias.

Personalmente, nos dijo la diputada, conocí hace poco de una bebita que tenía un año y que había sido increíblemente abusada y por lo tanto el médico tuvo que hacer, por protocolo, la denuncia correspondiente ante las Policía cuyos elementos iniciaron la investigación e identificaron que el posible violador era un tío de 16 años que vivía en la misma casa.

Cualquiera puede decir ¨maldito animal que estaba violando a una bebita de un año¨, sin embargo también habríamos de ponernos a pensar que debió haber en la vida de un niño de 16 años para estar abusando de su sobrina de un año. Y aunque nos sorprenda, esto es algo ya casi común que muchas veces no se quiere denunciar, porque tienen miedo de que acusen al papá como directamente responsable y entonces lo procesen, sea encerrado y luego ¿quién mantiene a la familia?

Por eso digo que esta grave crisis económica y la falta de valores nos tienen viviendo en una verdadera selva a la que hay que poner fin, no podemos seguir cruzados de brazos ante esto, todos como sociedad debemos unirnos para superar esta tremenda prueba, o incidimos en la realidad de las familias o esto terminará muy mal porque se nos irá y se va a romper toda una generación. Esta realidad o pobreza espiritual que lleva al rompimiento familiar la vemos en la que tiene dinero y en la que no, ¿que pasó, que generó todo esto?, personalmente no tengo idea, dice la diputada Elsa Amabel Landín Olivares.


VIOLACIONES

Por su parte el doctor Héctor Grijalva Tamayo nos dice que un diagnóstico evidencia fallas estructurales en el combate a este delito en el país. El seguimiento de las víctimas es deficiente, los delitos en cada estado no están homologados, se consignan menos de la mitad de los casos. Una persona en México puede atacar sexualmente a otra prácticamente con la seguridad de que no habrá consecuencias.

A su vez fuentes cercanas a la Fiscalía detallan que de cada 100 agresiones que se perpetran en el país solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas ante las Procuradurías, lo que resulta verdaderamente preocupante.

¿Cuál es la razón detrás de esto? nos preguntamos en FUERZA AGUASCALIENTES y de acuerdo a un diagnóstico sobre violencia sexual que se nos hizo llegar y que fue realizado por de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) evidencia fallas estructurales que van desde la pobre detección oportuna de los casos, hasta deficiencias en los registros, diferencias entre los estados sobre los tipos y gravedad de los delitos, y una mala atención y seguimiento de las víctimas.

Según proyecciones hechas por la CEAV a partir de las encuestas de victimización del INEGI, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, pero lo que resulta verdaderamente increíble es que el 94 por ciento ni siquiera fueron denunciados.

La Comisión solicitó a las Procuradurías de los Estados el número de averiguaciones previas por delitos sexuales en este mismo periodo. Solo la mitad respondió y la cifra fue de 83 mil expedientes, un mínimo del universo de casos proyectados que se cometieron.

En México los delitos sexuales no se miden con la misma vara. Esto se debe a que no existe una ley homologada o general para este tipo de ilícitos, por lo que cada estado define a su criterio en su código penal que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.

Por ejemplo, hay tres códigos penales, el de Zacatecas, Tamaulipas y el Federal, que para sancionar el hostigamiento sexual piden como requisito que haya un daño o perjuicio comprobable, lo que debería ser irrelevante (según el análisis) pues dicho ilícito atenta contra la libertad y seguridad sexual, sin que necesariamente llegue a perderse.

Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora, que dejan de castigar el estupro (relación sexual con un menor) si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal”. Otro caso que ejemplifica el desorden en la legislación es el delito de violación el cual debería castigarse igual en los estados dada la gravedad que conlleva.

La realidad es distinta. Resulta que la violación impropia (utilizar un objeto para penetrar a la víctima) en estados como Aguascalientes, Nayarit Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia (copular con la víctima contra su voluntad), mientras que en otros estados como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.


VIOLACIONED

Además de confusión hay duplicidad dentro de los mismos códigos. Por ejemplo el Estado de México, Nayarit y Coahuila contemplan una pena para el feminicidio si la víctima es violada, y otra pena para la violación si la víctima muere, aunque en los hechos el resultado es el mismo.

Hay más. Todos los códigos prevén el aborto luego de una violación como libre de responsabilidad pero, según el análisis, la mayoría de estas leyes son omisas en determinar requisitos, tiempos y autoridades responsables de dar la autorización. Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde las violaciones no prescriben, es decir, donde no hay un límite de tiempo para que se indague el delito y castigue al responsable.

Para conocer la gravedad de una enfermedad y establecer el tratamiento adecuado, hay que contar con un diagnóstico confiable. De esa elemental herramienta carecen las instituciones en México. El estudio de la Comisión de Víctimas concluyó que existe un desorden generalizado en el registro de los casos de violencia sexual. Cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios brindados.

Por supuesto esto impide contar con información homologada que facilite un análisis y diagnóstico.

Por citar algunos ejemplos, cada Procuraduría del país tiene formatos distintos para el registro de los casos; hay instituciones de salud que no cuentan con información del número y edad de mujeres víctimas de violación que recibieron anticonceptivos de emergencia; 14 Comisiones Estatales de Derechos Humanos no tienen información sistematizada; 20 Secretarías del Trabajo de plano no cuentan ni con una base de datos.

Incluso, las propias delegaciones estatales de la CEAV tienen distintas formas de registrar los datos, y no poseen una contabilidad de los casos que canalizan a otras instituciones. Si bien las Procuradurías de los Estados que si proporcionaron información indicaron que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 80 mil averiguaciones por delitos de tipo sexual, solamente 29 mil terminaron consignadas ante un juez.

Esto quiere decir, según el diagnóstico, que al menos 50 mil casos se quedaro e los escritorios de los fiscales sin que por alguna razón se terminara procediendo en contra de los probables responsables.

A su vez el diario digital capitalino ANIMAL POLITICO en un reportaje que hizo al respecto hace algunos años dijo que en las entrevistas realizadas, el personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son pocos los casos de violencia sexual que son consignados y sentenciados. Sin embargo, desconocen los motivos por los que los casos “no llegan” a los Tribunales, lo que denota una falta de coordinación y comunicación entre los organismos de procuración y de impartición de justicia” indica el diagnóstico.

 

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